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Comunicado de la Colectiva de Trabajadoras del MPD

Desde la Colectiva de Trabajadoras del Ministerio Público de la Defensa consideramos necesario hacer algunas reflexiones sobre la desinformación relativa a la cuestión carcelaria que se está replicando peligrosamente en los medios masivos de comunicación. 

Como trabajadoras del sistema de administración de justicia conocemos la situación de las personas privadas de la libertad y sus condiciones de vida familiares. Por la labor cotidiana que hacemos, sabemos que lejos de proteger a las víctimas o resocializar a culpables, el poder punitivo legitima y reproduce los niveles de desigualdad existentes en la sociedad. La información errónea y/o malintencionada replica discursos de odio y discriminación e impacta negativamente en las dignidad y la vida de las personas en conflicto con la ley penal. Porque sabemos de los efectos revictimizantes del sistema penal, no queremos que se invoque la protección de las mujeres como plataforma de discursos que fogoneen políticas de muerte o mayor padecimiento.

Las alarmantes condiciones carcelarias, marcadas por la sobrepoblación y hacinamiento en los establecimientos penitenciarios, motivó que en marzo de 2019 se declarara la emergencia carcelaria en el Sistema Penitenciario Federal. En ese marco, la emergencia sanitaria  por COVID-19, visibilizó que lo que sucede en las cárceles nos afecta a libres y privados/as de libertad. Hoy, los penales son un foco de riesgo para la salud individual de los/as presos/as, para el personal penitenciario, y también para la salud pública de la sociedad en su conjunto.

Para reducir el riesgo a un contagio rápido y generalizado en los establecimientos penitenciarios, y evitar saturar el sistema de salud, distintos organismos internacionales de DDHH han realizado recomendaciones dirigidas a implementar protocolos de salud en el encierro y aplicar medidas que ataquen el hacinamiento. En muchos países ya se han implementado.

Las medidas morigeratorias del encierro, en su mayoría no son libertades, sino una continuación del encierro en el domicilio. Están dirigidas a implementarse de manera restrictiva a personas condenadas por delitos leves, próximas a cumplir su condena, o en una situación de riesgo por su condición de salud o especial vulnerabilidad. El análisis en cada caso, exige excluir a presos/as por delitos violentos, o por delitos que afectan compromisos internacionales, como es la violencia de género. En todos los supuestos, son los/as jueces/as quienes están obligados/as a analizar cada caso en concreto,

En consecuencia, hacemos un llamamiento a la justicia para que los casos sean resueltos con perspectiva de género, que implica: a) que las víctimas de violencia sean escuchadas previamente y se les garantice su seguridad y la de sus familiares, b) que se considere la especial situación de las mujeres detenidas y sus cargas de cuidado familiares, ya sea tengan niños/as fuera o dentro de la cárcel, c) que se considere la vulnerabilidad y discriminación histórica del colectivo LGBTTIQ+ que las expone a un sistema de salud menos preparado para sus necesidades y a mayores dificultades para garantizar vivienda extra muros.

 Para finalizar, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando, pensando y debatiendo en pos de construir un sistema de administración de justicia donde la perspectiva de género sea parte constitutiva de la labor cotidiana y que el respeto irrestricto de los derechos humanos, particularmente el derecho a la salud de todas las personas -estén o no privadas de su libertad ambulatoria-, sea parte del camino hacia una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencias.

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