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Las mujeres, trans, lesbianas, bisexuales, travestis, y no binarias, trabajadoras del Ministerio Público de la Defensa de la Nación que conformamos la “Colectiva de Trabajadoras del MPD” expresamos nuestro repudio a la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11 que dispone la suspensión de la venta bajo receta de misoprostol / MISOP 200. 

Las organizaciones PRODECI y Portal de Belén solicitaron una medida cautelar para suspender los efectos de la disposición 946/2018 de la ANMAT que autoriza la venta de misoprostol bajo receta para la realización de abortos ambulatorios y la declaración de inconstitucionalidad del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”. La Justicia ordenó la suspensión del artículo 2 de la disposición 946/18, haciendo lugar parcialmente a una medida cautelar solicitada hasta que se cuente con sentencia definitiva en el expediente iniciado a instancia de estas organizaciones con el objeto de impedir el acceso a la interrupción legal del embarazo de las personas con capacidad de gestar.

Alegando un supuesto peligro en la demora, la sentencia se hace eco de los argumentos de las demandantes y hace lugar a la medida cautelar solicitada en detrimento de la salud y desoyendo la opinión experta de las y los profesionales de la salud. Según la Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de Salud (ex Ministerio), el misoprostol es el medicamento recomendado para la interrupción legal de los embarazos de forma segura. Sin embargo,la sentencia omite los datos empíricos que sustentan este método como la forma más segura para llevar a cabo la ILE, empujando a las personas gestantes a la clandestinidad, poniendo en riesgo su integridad bajo argumentos meramente aparentes. 

La interrupción legal del embarazo se encuentra receptada en nuestra legislación desde 1921, de modo que la suspensión afecta directamente el derecho a la salud de toda persona con capacidad de gestar reconocido en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos reconocidos en dicha carta magna. 

Desde la Colectiva de Trabajadoras del Ministerio Público de la Defensa reiteramos nuestro compromiso con la lucha por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito.

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