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COLECTIVA DE TRABAJADORXS DEL MPD

Desde la declaración del aislamiento social, preventivo y obligatorio el 20 de marzo y la posterior disposición de la “feria extraordinaria” por parte de la CSJN, se generó un imaginario social (fomentado en gran parte por los medios de comunicación) acerca de una “justicia paralizada”. Muy por el contrario, como integrantes del sistema de administración de justicia, las trabajadoras del MPD asumimos con convicción el compromiso de brindar un servicio eficaz y acorde al contexto nacional de emergencia por la pandemia mundial.

A cuatro meses del inicio de la cuarentena, se vuelve indispensable explicitar las condiciones laborales en las que desempeñamos actualmente nuestras funciones, principalmente a través del teletrabajo, modalidad radicalmente distinta a como se desarrolló históricamente nuestra labor y para la que el sistema de justicia no estaba enteramente preparado.

Subrayamos el impacto diferenciado que tiene el aislamiento en las mujeres y las identidades feminizadas, que se profundiza aún más si analizamos el fenómeno desde la interseccionalidad (migrante, refugiada, indígena, víctima de violencia y toda otra condición de mayor

vulnerabilidad que acrecienta riesgos y las consecuencias del confinamiento). Todavía recaen mayoritariamente en nosotres las tareas hogareñas y de cuidado (niñes, adultes mayores, personas con discapacidad) quienes en este contexto requieren una atención especial y a tiempo completo. A su vez, se suman nuevos roles como, por ejemplo, las tareas escolares o realizar las salidas para la provisión diaria.

 

En este nuevo escenario, se incrementó significativamente nuestro trabajo y enfrentamos los inconvenientes como la falta de soporte técnico e informático adecuados; aportamos equipos técnicos personales y/o familiares, asumimos costos de tecnología, servicios e insumos, además de las jornadas ilimitadas, puesto que cada vez comenzamos más temprano o concluimos más tarde, corriendo los márgenes de la jornada que en reiteradas ocasiones trasladamos a horarios nocturnos e incluso fin de semana para, por ejemplo, compensar las falencias de los sistemas informáticos cuando colapsan en el horario matutino. Así, las políticas de aislamiento han modificado gran parte de nuestras vidas cotidianas, convirtiendo a nuestros hogares en el espacio único donde se concentran casi todas nuestras actividades: allí dormimos, cocinamos, criamos, cuidamos y también, desempeñamos nuestras tareas remuneradas.

 

En este contexto, se vuelve necesaria la implementación de políticas dirigidas a estas nuevas modalidades de trabajo que puedan conciliar la vida familiar y laboral, que sean creativas, flexibles y situadas. Por ejemplo, la licencia creada para aquellas personas con hijes en edad escolar a cargo, tal como se encuentra vigente en nuestra institución -al igual que en muchas otras dependencias estatales- dista de lograr este objetivo, pues sólo dispensa de concurrir a las oficinas no eximiéndolas de prestar funciones ni previendo opciones diferenciadas de teletrabajo que sean más adecuadas a sus circunstancias. No es licencia, es teletrabajo: estamos trabajando en forma remota porque nuestros hijes no concurren a clases.

 

Por todo lo mencionado, desde la “Colectiva de Trabajadoras del Ministerio Público de la Defensa” nos organizamos para visibilizar estas condiciones laborales en las que debemos llevar adelante cotidianamente nuestras funciones y tareas (remuneradas y no remuneradas). Asimismo, entendemos que toda política pública que se proponga abordar y regular

adecuadamente estas condiciones laborales y propiciar el derecho a la desconexión digital, debe transversalizar su accionar desde una perspectiva de géneros en la que se considere la actual desigual distribución de las tareas y la feminización del trabajo de cuidado.

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